POLITICA SOCIAL Y FAMILIA

El proceso que cruza el análisis del mundo de hoy, se llama globalización, y constituye una creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial, sobre aquellos de carácter nacional o regional.

Los países de la región han tenido que ceñir sus estrategias de desarrollo, a las exigencias que impone una economía de mercado globalizado.

Que impone nuevas fuentes de inestabilidad, tanto comercial como financiera, y serios riesgos de exclusión para aquellos países y sectores sociales no adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad propias del mundo de hoy.

Muchos de estos riesgos están asociados a dos características preocupantes de la globalización incompleta de nuestros mercados, que junto a la movilidad de los capitales, de los bienes y servicios, además, coexiste con fuertes restricciones a la libre movilidad de mano de obra.

Asimismo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad han sido frustrantes durante la última década. Por lo que la región ha debido enfrentar situaciones de inequidad social y empobrecimiento creciente que se rehusan a desaparecer.

En este escenario, las urgencias del entorno sociopolítico caracterizado por el fenómeno de la globalización de la economía, las relaciones sociales, políticas, culturales y simbólicas también se han transformado.

Los propósitos de la política por tanto, han desarrollado una idea del desarrollo con apellidos, humano, sostenible, equitativo, etc. Que con sutiles distinciones, reclaman la urgencia de un enfoque que trascienda el cálculo macroeconómico.

Los actores de la política también, comienzan a redefinirse, en el marco de la globalización, adquiriendo nuevos perfiles, ante el debilitamiento del tejido social que los ampara.

La noción de globalización aludida corresponde a la enunciada por Przeworski, (1995) que plantea, "patrón de procesos de modernización vía internalización

( y/o globalización) se refieren al estímulo de la democracia liberal, la cultura orientada al consumo y el capitalismo".

Que por tratarse de un proceso esencialmente competitivo, contribuye a fortalecer las disparidades regionales, sectoriales y sociales dentro y entre los estados nacionales.

Consecuentemente, el proceso de globalización induce cambios socialmente conflictivos y ello genera voluntad de transformación tanto como de resistencia social.

De hecho los fenómenos de globalización que ocurren en nuestros países latinoamericanos conducen a percibir nuevas formas de vulnerabilidad. Dada la naturaleza de los cambios:

• transformación del mercado del trabajo, repliegue en la acción del Estado, nuevas formas de acceso a los servicios públicos, deterioro de la estructura tradicional del tejido social, de mercantilización de los servicios públicos, privatización de las empresas y servicios del Estado, dificultades en la pequeña y mediana empresa.

Son expresiones de vulnerabilidad que afectan a personas, familias y comunidades que están siendo afectadas por los actuales procesos de cambio que generan un creciente sentimiento de inseguridad, indefensión y riesgo que afecta la mayoría de la población latinoamericana. (CEPAL, 2000)

La vulnerabilidad social, pareciera ser un rasgo característico de la sociedad a comienzos del siglo XXI, dada la precariedad de los empleos, con mayores porcentajes de empleo no permanente, sin contrato y sin seguridad social.

Ya que la falta de éste o su mala calidad es el vínculo más claro entre vulnerabilidad y pobreza, debido a que los ingresos del trabajo son la principal fuente para la subsistencia de los hogares en los estratos medios y bajos.

La precariedad del empleo se incrementó durante la última década, junto con la proporción de ocupados en los sectores informales o de baja productividad.

El aumento de la flexibilidad de los mercados de trabajo profundizó la inestabilidad laboral que significó, además una disminución en el acceso a seguridad social. Los desplazados se debaten entre el desempleo abierto o la inserción en sectores de baja productividad.

Otro factor asociado a una mayor vulnerabilidad social se encuentra en el terreno de las prestaciones de servicios sociales, especialmente en educación, salud, y previsión, pese al aumento del gasto social en los 90. La focalización de las políticas sociales, ha implicado que muchos hogares hayan tenido que pagar directamente el costo de dichos servicios, además de enfrentar la crisis ocupacional y la caída de sus ingresos.

En este contexto aumenta la sensación de inseguridad, así como el debilitamiento de las formas tradicionales de organización y participación social, alterando los hábitos colectivos a favor de un comportamiento cada vez más individualista y atomizado.

Donde las personas enfrentan su participación en el mercado cada vez más aisladas, con menores grados de protección y en consecuencia con mayor grado de vulnerabilidad de amplias capas de la población que dificulta la superación de la pobreza.

Siendo éstos últimos, los grupos mayormente afectados por los actuales procesos de cambio, y cuyas situaciones de vida resultan cada vez más vulnerables. Como lo demuestran los indicadores sociales relacionados con la distribución del ingreso y la riqueza, que dejan en evidencia, la enorme desigualdad social de grandes sectores de la población latinoamericana.

Estamos hablando de casi un promedio de 36% de población en A. L. bajo la línea de la pobreza, sólo en el área urbana y bien sabemos que la intensidad y magnitud se acrecienta en las zonas rurales. (FLACSO, 2000)

Los indicadores de pobreza y empleo se presentan con variaciones más bien regresivas durante la década de los noventa. En la medida que las limitaciones económicas se acentúan se tiende a observar también, situaciones de exclusión social.

La pobreza con sus manifestaciones de bajos ingresos y de carencias en la satisfacción de necesidades, constituye la forma extrema de exclusión de personas y familias de los procesos productivos, de la integración social y del acceso a las oportunidades. Es una de las consecuencias más perversas de un modelo de desarrollo cuyos frutos se distribuyen de manera inequitativa. (Arriagada, 1997)

El nuevo modelo de desarrollo concebido como la única alternativa posible de ajuste de las economías latinoamericanas al modelo internacional globalizado, impone un rol del Estado restringido, en cuanto acción y destinación de gasto social que trae consigo drásticas repercusiones en los estratos más pobres de la población.

En el plano del diseño de las políticas sociales recientes, dichos mecanismos de acceso de oportunidades, persiguen más bien corregir una desigual distribución de ingresos, buscando equilibrar las excluyentes condiciones socioeconómicas en que funciona el modelo económico neoliberal.

Asimismo, ha buscado enfrentar aspectos contradictorios de justicia social, paliando ciertos efectos de la cuestión social generados por el mismo sistema implementado por el Estado, que busca su inserción en el nuevo modelo internacional globalizado que se sustenta como única alternativa de desarrollo posible.

La política social en su naturaleza se aprecia contradictoria, ya que aspira, hacia una situación de bienestar colectivo, eliminando diferencias sociales entre los diversos grupos humanos, así como, paliar y atenuar los efectos indeseables de un estilo de desarrollo desigual. Además, actúa como mecanismo reproductor de dominio y poder del Estado, interesado en lograr como objetivo último cohesión social.

El planteamiento clásico de políticas sociales, tiene como ente rector, la figura del Estado, como encargado de su diseño y aplicación, en un entorno como en el que vivimos, de globalización. Una política social focalizada, fuertemente vinculadas no solo a las necesidad y requerimientos de una población en particular, sino que también a la situación contextual, en su forma de articulación con otros Estado nacionales de la región, la coyuntura internacional, las condiciones políticas imperantes y los niveles de organización, participación y movilización social alcanzados por su población. (Evangelista, 1997)

La fuerza del contexto sobre los estados latinoamericanos, ha implicado una pérdida sostenida de independencia y autonomía, donde el contexto de globalización ha impuesto pautas que dan sentido a políticas sociales, de ajuste

supra-estatal, unilaterales, selectivas, residuales, regresivas y asistencialistas. (Evangelista, 1997)

Y que desde una perspectiva marcadamente individualista, se encuentran diseñada para los individuos en función de problemas individuales, cuando la realidad social nos confronta cotidianamente, con la necesidad de integración de políticas económicas y sociales, capaces de ampliar del foco de manera de considerar al individuo en un contexto familiar y a la familia en su contexto social.

Por cuanto, es justamente el grupo social que asume el peso mayor de los cambios sociales, económicos, culturales y políticos. Al ocupar una difícil posición intermedia entre los individuos y la sociedad, debiendo cumplir con sus políticas, transmitiendo sus valores y normas, además de responder a los requerimientos de los sujetos que la integran.

Dada esta ubicación de la familia, prácticamente todo tipo de decisión del Estado, tendrá efectos en la vida familiar, de manera implícita el resultado de una norma política, o proyecto social tendrá algún nivel de impacto familiar.

Es así como el plano de lo económico por ej., a través del mercado laboral, nivel de ingresos, seguridad social, sistema de precios, bienes que se producen y consumen, revisten una importancia vital para la vida familiar. Ya sea como unidad productiva y/o unidad de consumo en la estructura económica de la sociedad.

Lo dicho anteriormente, influye más determinantemente aún, según sea el nivel de estratificación social del grupo familiar, si bien todas comparten la naturaleza de los vínculos que las unen, el ciclo vital de desarrollo y los problemas inherentes a cada etapa de formación familiar, los procesos vividos y las experiencias de vida son cualitativamente diferentes en una familia de clase media, de nivel superior a una ubicada bajo la línea de la pobreza.

Efectivamente, los cambios económicos, sociales, políticos, culturales y simbólicos no afectan de igual forma a todas las familias, definitivamente, las familias pobres son las que presentan un mayor grado de vulnerabilidad, sin embargo no son las únicas que requieren soportes de apoyo.

Si bien el aumento de la pobreza ha desarrollado un conjunto de programas sociales, destinados a paliar sus efectos, han sido implementadas en función de los individuos y no de las familias como un todo. Ya que el contexto de vida familiar como un espacio vital en la existencia de las personas, ha sido ignorada y no suficientemente considerada por los planificadores.

Una mirada ecosistémica que permitiera "ver" la relación del individuo en función del contexto de familia al cual pertenece, así como a ésta como parte de una comunidad más amplia, en el barrio, la comuna, la ciudad, inserta en ámbitos interconectados de salud, educación, trabajo, arte, es decir, en una compleja red de interacciones, que conectadas entre sí construyen la realidad social y colectiva.

A partir de lo anterior es necesario reconocer la estructura y dinámica interna de los subsistemas familiares y sus procesos básicos, así como sus relaciones con el suprasistema de sociedad y las condicionantes que la afectan, especialmente con los sistemas económico, político, educacional, de salud, etc.

Desde un enfoque familiar, la política social puede llegar a construir mecanismos mediante el cual, la familia pueda desempeñar sus funciones y a tareas, pudiendo responder con mayores soportes a las demandas y exigencias del medio que le rodea y del cual forma un todo integrado.

Una política social enfocada hacia la familia debe considerar factores cualitativos de índole sociocultural, de manera de revelar la importancia de la familia en el contexto de la planificación social. A fin de contribuir con un enfoque integrador de políticas sociales basadas en la equidad como principio rector.

Se hace necesaria una reorientación de los patrones de desarrollo de la región en torno a un eje principal de equidad, es decir, la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. Es la vara fundamental para medir la calidad del desarrollo. Con un sino más integrador en términos sociales y sostenible en términos ambientales.

La búsqueda de mayor equidad requiere que la sociedad desarrolle sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad de vida en aquellos aspectos que las propias sociedades consideran de valor social, y que permiten que todos los ciudadanos sean partícipes de los beneficios y actores del desarrollo.

Buscar y estimular, promover y ejecutar la plena participación, el fortalecimiento, el protagonismo, la comunicación la capacidad innovadora y creativa de la sociedad civil en un espectro de trabajo interdisciplinario, se pueden vislumbrar respuestas a situaciones sociales agudas con las que cotidianamente convivimos en a.l cúmulo de problemáticas que envuelven al complejo y contradictorio mundo de comienzo de siglo en que vivimos.