jueves, 14 de junio de 2012
Día mundial contra el trabajo infantil 2012: Derechos humanos y justicia social... erradiquemos el trabajo infantil!!!!
12-JULIO-2012
Este año el Día mundial contra el trabajo infantil hará un llamamiento sobre el derecho de todos los niños a ser protegidos del trabajo infantil y de otras violaciones de sus derechos humanos fundamentales. En 2010, la comunidad internacional adoptó una Hoja de ruta para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el 2016, que señala que el trabajo infantil representa un obstáculo para los derechos del niño y para el desarrollo en general. El Día mundial de 2012 pretende poner de manifiesto el camino que queda por recorrer para hacer de la Hoja de ruta una realidad.
Los Convenios de la OIT buscan proteger a los niños de la exposición al trabajo infantil. Estos Convenios junto con otros instrumentos internacionales relativos a los derechos del niño, de los trabajadores y los derechos humanos, proporcionan un marco importante para la legislación establecida por los gobiernos. Sin embargo, las estimaciones globales más recientes de la OIT indican que en el mundo hay 215 millones de niños víctimas del trabajo infantil, y que más de la mitad de éstos están involucrados en sus peores formas1. Estos niños y niñas deberían estar en la escuela recibiendo educación y adquiriendo habilidades que los preparen para acceder a un trabajo decente en su vida adulta. Al entrar en el mercado laboral prematuramente, se les priva de la educación y capacitación necesarias para que ellos, sus familias y sus comunidades salgan del ciclo de pobreza en que se encuentran. Los niños que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil se encuentran expuestos a maltrato físico, psicológico o moral que puede causarles daños para el resto de sus vidas.
En este Día mundial exhortamos a:
La ratificación universal de los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil (así como del resto de los Convenios fundamentales de la OIT).
La adopción de políticas y programas nacionales que garanticen un progreso efectivo en la lucha contra el trabajo infantil.
La puesta en marcha de iniciativas para ampliar el movimiento mundial contra el trabajo infantil.
Castilla y León registró 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo en abril, un 37,10 más que el año anterior
La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de abril de 2012 un total de 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo, según los datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad castellanoleonesa un total de 46.307 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.
La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de abril de 2012 un total de 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo, según los datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad castellanoleonesa un total de 46.307 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.
En términos interanuales, el número de solicitudes en Castilla y León aumentó un 37,10 por ciento (34.616 en abril de 2011) y el número de altas tramitadas aumentó un 39,31 por ciento (33.238). En comparación con el mes anterior se ha producido un aumento del 29,01 por ciento en el número de solicitudes y del 31,04 por ciento también en el de altas.
De las 47.460 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de abril la mayor parte, 37.428, correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 8.727 se engloban en el concepto de subsidio y las 1.305 restantes pertenecen al concepto de renta activa de inserción.
El plazo medio de reconocimiento de las prestaciones por desempleo en el mes de abril de 2012 en Castilla y León fue de 1 día, uno menos que en el resto de España.
Por su parte, la mayor parte de las 46.307 altas de prestaciones presentadas en el mes de abril en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (37.073), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (8.104) y de las de renta activa de inserción (1.130).
Según los datos aportados por el Ministerio de Empleo, un total de 126.740 castellanoleoneses se benefició en abril de 2012 de algún tipo de prestación por desempleo (68.789 una prestación contributiva, 49.020 un subsidio y 8.931 una renta activa de inserción) por un importe de 122,25 millones de euros y por una cuantía media de 841,5 euros mensuales (864,8 en España).
Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios proceden de Valladolid (26.443) seguidos de León (25.111), Burgos (18.524), Salamanca (18.355), Ávila (9.867), Zamora (9.407), Palencia (7.977), Segovia (7.117) y Soria (3.939).
La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de abril de 2012 un total de 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo, según los datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad castellanoleonesa un total de 46.307 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.
En términos interanuales, el número de solicitudes en Castilla y León aumentó un 37,10 por ciento (34.616 en abril de 2011) y el número de altas tramitadas aumentó un 39,31 por ciento (33.238). En comparación con el mes anterior se ha producido un aumento del 29,01 por ciento en el número de solicitudes y del 31,04 por ciento también en el de altas.
De las 47.460 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de abril la mayor parte, 37.428, correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 8.727 se engloban en el concepto de subsidio y las 1.305 restantes pertenecen al concepto de renta activa de inserción.
El plazo medio de reconocimiento de las prestaciones por desempleo en el mes de abril de 2012 en Castilla y León fue de 1 día, uno menos que en el resto de España.
Por su parte, la mayor parte de las 46.307 altas de prestaciones presentadas en el mes de abril en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (37.073), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (8.104) y de las de renta activa de inserción (1.130).
Según los datos aportados por el Ministerio de Empleo, un total de 126.740 castellanoleoneses se benefició en abril de 2012 de algún tipo de prestación por desempleo (68.789 una prestación contributiva, 49.020 un subsidio y 8.931 una renta activa de inserción) por un importe de 122,25 millones de euros y por una cuantía media de 841,5 euros mensuales (864,8 en España).
Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios proceden de Valladolid (26.443) seguidos de León (25.111), Burgos (18.524), Salamanca (18.355), Ávila (9.867), Zamora (9.407), Palencia (7.977), Segovia (7.117) y Soria (3.939).
Sntp denuncia "intervencionismo" del Estado
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el proceso de relegitimación de sus autoridades previsto para este año está en marcha, en atención a los requerimientos del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional Electoral
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó a todos sus afiliados que el proceso de relegitimación de sus autoridades previsto para este año está en marcha, en atención a los requerimientos del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional Electoral.
En nota de prensa, el Sntp informó que la Junta Directiva está dedicada a la actualización de sus libros de afiliados que, por exigencia del CNE, deben ser validados por el Ministerio del Trabajo para que puedan ser aceptados como el padrón electoral, distinto a lo que ha ocurrido hasta ahora que el universo de votantes era el consignado por la Comisión Electoral de la organización y que se correspondía con el registro de afiliaciones que se toma de acuerdo a los estatutos internos.
El Sntp tiene una nómina de más de 6 mil afiliados que en esta oportunidad deberá ser depurada y consignada ante la Inspectoría para que reciba el visto bueno.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó a todos sus afiliados que el proceso de relegitimación de sus autoridades previsto para este año está en marcha, en atención a los requerimientos del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional Electoral.
En nota de prensa, el Sntp informó que la Junta Directiva está dedicada a la actualización de sus libros de afiliados que, por exigencia del CNE, deben ser validados por el Ministerio del Trabajo para que puedan ser aceptados como el padrón electoral, distinto a lo que ha ocurrido hasta ahora que el universo de votantes era el consignado por la Comisión Electoral de la organización y que se correspondía con el registro de afiliaciones que se toma de acuerdo a los estatutos internos.
El Sntp tiene una nómina de más de 6 mil afiliados que en esta oportunidad deberá ser depurada y consignada ante la Inspectoría para que reciba el visto bueno.
Esta es una exigencia del órgano administrativo del trabajo que los libros presentados lleven, además de algunos datos biográficos y de dirección del afiliado, su firma autógrafa, requisito que la organización considera "un duro reto" por su carácter nacional.
El Sindicato hizo un llamado a sus afiliados a estar atentos y que, en lapso y lugar acordados, asistan a firmar la lista para ratificar su voluntad de pertenecer al gremio y como requisito que ha sido implementado por el Ministerio del Trabajo y asimilado por el CNE.
Aunque ratificamos nuestra voluntad de celebrar elecciones democráticas en el Sntp, aprovechamos para denunciar el carácter intervencionista de las instituciones del Estado que atentan contra la libertad sindical y contradice los convenios de la OIT suscritos por la República.
Aunque ratificamos nuestra voluntad de celebrar elecciones democráticas en el Sntp, aprovechamos para denunciar el carácter intervencionista de las instituciones del Estado que atentan contra la libertad sindical y contradice los convenios de la OIT suscritos por la República.
CCOO deplora la restricción de derechos que para la población que vive en España supone la reforma del acceso al sistema sanitario
CCOO denuncia el ataque frontal al modelo sanitario español (de carácter universalista- garantiza la cobertura sanitaria pública a toda persona que habita en territorio español) y recuerda que la modificación no sólo afecta a los extranjeros, sino que supone también la negación del acceso a la sanidad para los jóvenes españoles mayores de 26 años que no han accedido a primer empleo.
A juicio de CCOO se trata pues de una limitación de los derechos y libertades no sólo de los extranjeros sino también de los españoles, en el marco del ataque global que el gobierno del PP hace contra el modelo de estado social que reconoce nuestra Constitución, y denuncia el intento de manipulación al pretender confundir el "turismo sanitario" con la restricción del acceso a la sanidad de todas las personas: si bien desde hace años en el seno de la UE, existen mecanismos a fin de evitar el hecho de que ciudadanos de la UE se desplacen a otro estado miembro para de recibir prestaciones sanitarias que su estado no ofrece ("turismo sanitario"). Esto no tiene nada que ver con modificar -restringiéndolo- el acceso a la salud de todas las personas que viven efectivamente en España.
Es precisamente la falta de control de los sucesivos gobiernos y la no aplicación de los mecanismos comunitarios previstos, la que ha generado la no recuperación de los 1000 millones de euros en que se evalúa el denominado "turismo sanitario" de los ciudadanos comunitarios. CCOO recuerda que hasta el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en España en situación irregular: esa carencia provocaba situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios. Finalmente, la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció dicho derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y -finalmente- a los extranjeros empadronados. Desde entonces esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas.
CCOO señala que en las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería adoptadas tras la ley del año 2000 -las leyes 8/2000, 11/2003 y 14/2003 bajo gobiernos del PP y la ley 2/2009 bajo gobierno del PSOE- ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular. Así el fenómeno de la irregularidad no cabe vincularlo sólo a los extranjeros, puesto que debe vincularse a la economía sumergida, donde cohabitan empresarios igualmente irregulares que ofrecen empleos no declarados que -obviamente- no respetan condiciones laborales ni salariales, junto con defraudadores de impuestos, delincuentes, etc., etc.
Para CCOO la reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario y normas de desarrollo sobre prestaciones sanitarias por la vía del decreto ley viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas
Recuerda CCOO que -como aviso para navegantes- que ya en 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal en España: a mayor abundamiento la Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 declaró inconstitucional precisamente la Ley Orgánica 8/2000 de extranjería, dictada en uso de su mayoría absoluta por un Gobierno del PP cuando intentaba restringir los derechos humanos sólo para los españoles y para los extranjeros en situación regular. Y remarca que la irregularidad no es la nota que ha de caracterizar nuestro modelo migratorio: en todo caso, el extranjero en situación irregular también es un productor indirecto por la vía de su trabajo sumergido que -si bien no cotiza - sí consume (alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte, etc) y tributa indirectamente (IVA, impuestos especiales, tasas., etc.)
Por último, CCOO quiere resaltar la NORMALIDAD del proceso migratorio en España donde según fuentes oficiales viven casi seis millones de extranjeros -en su inmensa mayoría desde hace más de cinco años y ya casi todos ellos de manera regular y legalmente- y sufriendo las mismas carencias laborales y asistenciales que el resto de población española, por lo que llama a la responsabilidad del Gobierno para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.
Es precisamente la falta de control de los sucesivos gobiernos y la no aplicación de los mecanismos comunitarios previstos, la que ha generado la no recuperación de los 1000 millones de euros en que se evalúa el denominado "turismo sanitario" de los ciudadanos comunitarios. CCOO recuerda que hasta el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en España en situación irregular: esa carencia provocaba situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios. Finalmente, la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció dicho derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y -finalmente- a los extranjeros empadronados. Desde entonces esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas.
CCOO señala que en las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería adoptadas tras la ley del año 2000 -las leyes 8/2000, 11/2003 y 14/2003 bajo gobiernos del PP y la ley 2/2009 bajo gobierno del PSOE- ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular. Así el fenómeno de la irregularidad no cabe vincularlo sólo a los extranjeros, puesto que debe vincularse a la economía sumergida, donde cohabitan empresarios igualmente irregulares que ofrecen empleos no declarados que -obviamente- no respetan condiciones laborales ni salariales, junto con defraudadores de impuestos, delincuentes, etc., etc.
Para CCOO la reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario y normas de desarrollo sobre prestaciones sanitarias por la vía del decreto ley viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas
Recuerda CCOO que -como aviso para navegantes- que ya en 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal en España: a mayor abundamiento la Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 declaró inconstitucional precisamente la Ley Orgánica 8/2000 de extranjería, dictada en uso de su mayoría absoluta por un Gobierno del PP cuando intentaba restringir los derechos humanos sólo para los españoles y para los extranjeros en situación regular. Y remarca que la irregularidad no es la nota que ha de caracterizar nuestro modelo migratorio: en todo caso, el extranjero en situación irregular también es un productor indirecto por la vía de su trabajo sumergido que -si bien no cotiza - sí consume (alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte, etc) y tributa indirectamente (IVA, impuestos especiales, tasas., etc.)
Por último, CCOO quiere resaltar la NORMALIDAD del proceso migratorio en España donde según fuentes oficiales viven casi seis millones de extranjeros -en su inmensa mayoría desde hace más de cinco años y ya casi todos ellos de manera regular y legalmente- y sufriendo las mismas carencias laborales y asistenciales que el resto de población española, por lo que llama a la responsabilidad del Gobierno para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.
Valencia aplicará el tipo máximo de copago si no se acredita el nivel de renta
La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana cobrará desde el próximo 1 de julio las recetas farmacéuticas en función de la renta, tal como estipuló el decreto de recortes sanitarios del Gobierno. No obstante, cuando no pueda determinar el régimen de aportación farmacéutica, los trabajadores activos deberán pagar un 60% y los pensionistas un 10%; es decir, el tipo máximo de copago fijado en la normativa.
Así consta en una resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios sobre instrucciones para la aplicación del decreto del 20 de abril de medidas urgentes del Gobierno de Rajoy, que establece que los trabajadores activos deben aportar el 60% del coste farmacéutico si su renta es superior a los 100.000 euros, el 50% si es superior a 18.000 y el 40% si es inferior a 18.000, mientras que los pensionistas pagarán el 10% si cobran menos de 100.000 euros y el 60% los que superen esta cifra, con topes mensuales de 60, 18 y ocho euros.
La resolución del Gobierno valenciano señala que cuando no sea posible conocer el régimen de aportación farmacéutica se aplicará por defecto un 10% para los pensionistas y un 60% para los activos.
El texto también incluye una lista de "infracciones", algunas tipificadas como "graves", como el hecho de que las oficinas de farmacia incumplan las exigencias que implica la facturación al Sistema Nacional de Salud o defraudar al sistema o al beneficiario. Además, hay "infracciones leves", como es el caso de no cumplimentar correctamente los datos y advertencias que deben contener las recetas normalizadas.
Así consta en una resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios sobre instrucciones para la aplicación del decreto del 20 de abril de medidas urgentes del Gobierno de Rajoy, que establece que los trabajadores activos deben aportar el 60% del coste farmacéutico si su renta es superior a los 100.000 euros, el 50% si es superior a 18.000 y el 40% si es inferior a 18.000, mientras que los pensionistas pagarán el 10% si cobran menos de 100.000 euros y el 60% los que superen esta cifra, con topes mensuales de 60, 18 y ocho euros.
La resolución del Gobierno valenciano señala que cuando no sea posible conocer el régimen de aportación farmacéutica se aplicará por defecto un 10% para los pensionistas y un 60% para los activos.
El texto también incluye una lista de "infracciones", algunas tipificadas como "graves", como el hecho de que las oficinas de farmacia incumplan las exigencias que implica la facturación al Sistema Nacional de Salud o defraudar al sistema o al beneficiario. Además, hay "infracciones leves", como es el caso de no cumplimentar correctamente los datos y advertencias que deben contener las recetas normalizadas.
El PP impedirá la regularización de inmigrantes por arraigo social
Los inmigrantes que llevan tres años viviendo en España tienen opción a regularizar su situación. Con el PP en el poder, no podrán hacerlo si su situación en el país era ilegal, por más que, como permite ahora la ley, puedan acreditar su arraigo social, tras residir tres años, y tengan un contrato de trabajo en el momento de solicitar legalizar su estancia.
El portavoz del PP en temas de inmigración, Rafael Hernando, concretó ayer algunas de las medidas que tiene pensado aprobar su partido cuando se forme el nuevo Gobierno, mediante la reforma de los artículos 123 a 130 del Reglamento, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. "El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional", afirma Hernando. "Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver". Solo en algunos casos "muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos", se mantendrá esta posibilidad.
Al arraigo social se accede básicamente tras permanecer irregular tres años en España y acreditar que se ha logrado un empleo por al menos un año, y al laboral, si se llevan dos años de forma ilegal y se demuestra que se lleva uno trabajando. Desde 2006, la cantidad de personas que han logrado la permanencia por arraigo social o laboral (aunque el segundo es muy minoritario) se fue incrementando de forma considerable (7.427, ese año; 30.231, en 2007; 66.200, en 2008, y 82.300, en 2009), hasta que empezó a hacer mella la crisis económica. El pasado año bajaron a 65.676 y este van, a 30 de junio, 70.684.
Como factores, a la crisis se une la reducción del número de personas irregulares que llegan a España debido, según los socialistas, a las medidas adoptadas por el Gobierno, "como la obligación de entrar con un contrato de trabajo, los acuerdos con los países de origen de inmigrantes y la bajada del número de llegadas en patera hasta alrededor de un centenar de personas al año", según resaltan fuentes del Ejecutivo.
En cambio, los populares, aunque reconocen la reducción de la irregularidad, consideran que "medidas como el arraigo, la regularización de 2005 o la reagrupación familiar han favorecido la llegada de ilegales", resalta Hernando. "No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país", añade.
El portavoz del PP en temas de inmigración, Rafael Hernando, concretó ayer algunas de las medidas que tiene pensado aprobar su partido cuando se forme el nuevo Gobierno, mediante la reforma de los artículos 123 a 130 del Reglamento, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. "El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional", afirma Hernando. "Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver". Solo en algunos casos "muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos", se mantendrá esta posibilidad.
Al arraigo social se accede básicamente tras permanecer irregular tres años en España y acreditar que se ha logrado un empleo por al menos un año, y al laboral, si se llevan dos años de forma ilegal y se demuestra que se lleva uno trabajando. Desde 2006, la cantidad de personas que han logrado la permanencia por arraigo social o laboral (aunque el segundo es muy minoritario) se fue incrementando de forma considerable (7.427, ese año; 30.231, en 2007; 66.200, en 2008, y 82.300, en 2009), hasta que empezó a hacer mella la crisis económica. El pasado año bajaron a 65.676 y este van, a 30 de junio, 70.684.
Como factores, a la crisis se une la reducción del número de personas irregulares que llegan a España debido, según los socialistas, a las medidas adoptadas por el Gobierno, "como la obligación de entrar con un contrato de trabajo, los acuerdos con los países de origen de inmigrantes y la bajada del número de llegadas en patera hasta alrededor de un centenar de personas al año", según resaltan fuentes del Ejecutivo.
En cambio, los populares, aunque reconocen la reducción de la irregularidad, consideran que "medidas como el arraigo, la regularización de 2005 o la reagrupación familiar han favorecido la llegada de ilegales", resalta Hernando. "No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país", añade.
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