CCOO denuncia el ataque frontal al modelo sanitario español (de carácter universalista- garantiza la cobertura sanitaria pública a toda persona que habita en territorio español) y recuerda que la modificación no sólo afecta a los extranjeros, sino que supone también la negación del acceso a la sanidad para los jóvenes españoles mayores de 26 años que no han accedido a primer empleo.
A juicio de CCOO se trata pues de una limitación de los derechos y libertades no sólo de los extranjeros sino también de los españoles, en el marco del ataque global que el gobierno del PP hace contra el modelo de estado social que reconoce nuestra Constitución, y denuncia el intento de manipulación al pretender confundir el "turismo sanitario" con la restricción del acceso a la sanidad de todas las personas: si bien desde hace años en el seno de la UE, existen mecanismos a fin de evitar el hecho de que ciudadanos de la UE se desplacen a otro estado miembro para de recibir prestaciones sanitarias que su estado no ofrece ("turismo sanitario"). Esto no tiene nada que ver con modificar -restringiéndolo- el acceso a la salud de todas las personas que viven efectivamente en España.
Es precisamente la falta de control de los sucesivos gobiernos y la no aplicación de los mecanismos comunitarios previstos, la que ha generado la no recuperación de los 1000 millones de euros en que se evalúa el denominado "turismo sanitario" de los ciudadanos comunitarios. CCOO recuerda que hasta el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en España en situación irregular: esa carencia provocaba situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios. Finalmente, la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció dicho derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y -finalmente- a los extranjeros empadronados. Desde entonces esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas.
CCOO señala que en las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería adoptadas tras la ley del año 2000 -las leyes 8/2000, 11/2003 y 14/2003 bajo gobiernos del PP y la ley 2/2009 bajo gobierno del PSOE- ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular. Así el fenómeno de la irregularidad no cabe vincularlo sólo a los extranjeros, puesto que debe vincularse a la economía sumergida, donde cohabitan empresarios igualmente irregulares que ofrecen empleos no declarados que -obviamente- no respetan condiciones laborales ni salariales, junto con defraudadores de impuestos, delincuentes, etc., etc.
Para CCOO la reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario y normas de desarrollo sobre prestaciones sanitarias por la vía del decreto ley viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas
Recuerda CCOO que -como aviso para navegantes- que ya en 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal en España: a mayor abundamiento la Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 declaró inconstitucional precisamente la Ley Orgánica 8/2000 de extranjería, dictada en uso de su mayoría absoluta por un Gobierno del PP cuando intentaba restringir los derechos humanos sólo para los españoles y para los extranjeros en situación regular. Y remarca que la irregularidad no es la nota que ha de caracterizar nuestro modelo migratorio: en todo caso, el extranjero en situación irregular también es un productor indirecto por la vía de su trabajo sumergido que -si bien no cotiza - sí consume (alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte, etc) y tributa indirectamente (IVA, impuestos especiales, tasas., etc.)
Por último, CCOO quiere resaltar la NORMALIDAD del proceso migratorio en España donde según fuentes oficiales viven casi seis millones de extranjeros -en su inmensa mayoría desde hace más de cinco años y ya casi todos ellos de manera regular y legalmente- y sufriendo las mismas carencias laborales y asistenciales que el resto de población española, por lo que llama a la responsabilidad del Gobierno para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.
Es precisamente la falta de control de los sucesivos gobiernos y la no aplicación de los mecanismos comunitarios previstos, la que ha generado la no recuperación de los 1000 millones de euros en que se evalúa el denominado "turismo sanitario" de los ciudadanos comunitarios. CCOO recuerda que hasta el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en España en situación irregular: esa carencia provocaba situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios. Finalmente, la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció dicho derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y -finalmente- a los extranjeros empadronados. Desde entonces esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas.
CCOO señala que en las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería adoptadas tras la ley del año 2000 -las leyes 8/2000, 11/2003 y 14/2003 bajo gobiernos del PP y la ley 2/2009 bajo gobierno del PSOE- ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular. Así el fenómeno de la irregularidad no cabe vincularlo sólo a los extranjeros, puesto que debe vincularse a la economía sumergida, donde cohabitan empresarios igualmente irregulares que ofrecen empleos no declarados que -obviamente- no respetan condiciones laborales ni salariales, junto con defraudadores de impuestos, delincuentes, etc., etc.
Para CCOO la reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario y normas de desarrollo sobre prestaciones sanitarias por la vía del decreto ley viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas
Recuerda CCOO que -como aviso para navegantes- que ya en 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal en España: a mayor abundamiento la Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 declaró inconstitucional precisamente la Ley Orgánica 8/2000 de extranjería, dictada en uso de su mayoría absoluta por un Gobierno del PP cuando intentaba restringir los derechos humanos sólo para los españoles y para los extranjeros en situación regular. Y remarca que la irregularidad no es la nota que ha de caracterizar nuestro modelo migratorio: en todo caso, el extranjero en situación irregular también es un productor indirecto por la vía de su trabajo sumergido que -si bien no cotiza - sí consume (alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte, etc) y tributa indirectamente (IVA, impuestos especiales, tasas., etc.)
Por último, CCOO quiere resaltar la NORMALIDAD del proceso migratorio en España donde según fuentes oficiales viven casi seis millones de extranjeros -en su inmensa mayoría desde hace más de cinco años y ya casi todos ellos de manera regular y legalmente- y sufriendo las mismas carencias laborales y asistenciales que el resto de población española, por lo que llama a la responsabilidad del Gobierno para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.
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