Día mundial contra el trabajo infantil 2012: Derechos humanos y justicia social... erradiquemos el trabajo infantil!!!!

12-JULIO-2012

Este año el Día mundial contra el trabajo infantil hará un llamamiento sobre el derecho de todos los niños a ser protegidos del trabajo infantil y de otras violaciones de sus derechos humanos fundamentales. En 2010, la comunidad internacional adoptó una Hoja de ruta para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el 2016, que señala que el trabajo infantil representa un obstáculo para los derechos del niño y para el desarrollo en general. El Día mundial de 2012 pretende poner de manifiesto el camino que queda por recorrer para hacer de la Hoja de ruta una realidad.

Los Convenios de la OIT buscan proteger a los niños de la exposición al trabajo infantil. Estos Convenios junto con otros instrumentos internacionales relativos a los derechos del niño, de los trabajadores y los derechos humanos, proporcionan un marco importante para la legislación establecida por los gobiernos. Sin embargo, las estimaciones globales más recientes de la OIT indican que en el mundo hay 215 millones de niños víctimas del trabajo infantil, y que más de la mitad de éstos están involucrados en sus peores formas1. Estos niños y niñas deberían estar en la escuela recibiendo educación y adquiriendo habilidades que los preparen para acceder a un trabajo decente en su vida adulta. Al entrar en el mercado laboral prematuramente, se les priva de la educación y capacitación necesarias para que ellos, sus familias y sus comunidades salgan del ciclo de pobreza en que se encuentran. Los niños que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil se encuentran expuestos a maltrato físico, psicológico o moral que puede causarles daños para el resto de sus vidas.

En este Día mundial exhortamos a:

La ratificación universal de los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil (así como del resto de los Convenios fundamentales de la OIT).
La adopción de políticas y programas nacionales que garanticen un progreso efectivo en la lucha contra el trabajo infantil.
La puesta en marcha de iniciativas para ampliar el movimiento mundial contra el trabajo infantil.

Castilla y León registró 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo en abril, un 37,10 más que el año anterior

La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de abril de 2012 un total de 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo, según los datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad castellanoleonesa un total de 46.307 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.

La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de abril de 2012 un total de 47.460 solicitudes de prestaciones por desempleo, según los datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad castellanoleonesa un total de 46.307 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.
En términos interanuales, el número de solicitudes en Castilla y León aumentó un 37,10 por ciento (34.616 en abril de 2011) y el número de altas tramitadas aumentó un 39,31 por ciento (33.238). En comparación con el mes anterior se ha producido un aumento del 29,01 por ciento en el número de solicitudes y del 31,04 por ciento también en el de altas.
De las 47.460 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de abril la mayor parte, 37.428, correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 8.727 se engloban en el concepto de subsidio y las 1.305 restantes pertenecen al concepto de renta activa de inserción.
El plazo medio de reconocimiento de las prestaciones por desempleo en el mes de abril de 2012 en Castilla y León fue de 1 día, uno menos que en el resto de España.
Por su parte, la mayor parte de las 46.307 altas de prestaciones presentadas en el mes de abril en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (37.073), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (8.104) y de las de renta activa de inserción (1.130).
Según los datos aportados por el Ministerio de Empleo, un total de 126.740 castellanoleoneses se benefició en abril de 2012 de algún tipo de prestación por desempleo (68.789 una prestación contributiva, 49.020 un subsidio y 8.931 una renta activa de inserción) por un importe de 122,25 millones de euros y por una cuantía media de 841,5 euros mensuales (864,8 en España).
Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios proceden de Valladolid (26.443) seguidos de León (25.111), Burgos (18.524), Salamanca (18.355), Ávila (9.867), Zamora (9.407), Palencia (7.977), Segovia (7.117) y Soria (3.939).

Sntp denuncia "intervencionismo" del Estado

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el proceso de relegitimación de sus autoridades previsto para este año está en marcha, en atención a los requerimientos del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional Electoral

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó a todos sus afiliados que el proceso de relegitimación de sus autoridades previsto para este año está en marcha, en atención a los requerimientos del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional Electoral.

En nota de prensa, el Sntp informó que la Junta Directiva está dedicada a la actualización de sus libros de afiliados que, por exigencia del CNE, deben ser validados por el Ministerio del Trabajo para que puedan ser aceptados como el padrón electoral, distinto a lo que ha ocurrido hasta ahora que el universo de votantes era el consignado por la Comisión Electoral de la organización y que se correspondía con el registro de afiliaciones que se toma de acuerdo a los estatutos internos.

El Sntp tiene una nómina de más de 6 mil afiliados que en esta oportunidad deberá ser depurada y consignada ante la Inspectoría para que reciba el visto bueno.

Esta es una exigencia del órgano administrativo del trabajo que los libros presentados lleven, además de algunos datos biográficos y de dirección del afiliado, su firma autógrafa, requisito que la organización considera "un duro reto" por su carácter nacional.

El Sindicato hizo un llamado a sus afiliados a estar atentos y que, en lapso y lugar acordados, asistan a firmar la lista para ratificar su voluntad de pertenecer al gremio y como requisito que ha sido implementado por el Ministerio del Trabajo y asimilado por el CNE.

Aunque ratificamos nuestra voluntad de celebrar elecciones democráticas en el Sntp, aprovechamos para denunciar el carácter intervencionista de las instituciones del Estado que atentan contra la libertad sindical y contradice los convenios de la OIT suscritos por la República.

CCOO deplora la restricción de derechos que para la población que vive en España supone la reforma del acceso al sistema sanitario

CCOO denuncia el ataque frontal al modelo sanitario español (de carácter universalista- garantiza la cobertura sanitaria pública a toda persona que habita en territorio español) y recuerda que la modificación no sólo afecta a los extranjeros, sino que supone también la negación del acceso a la sanidad para los jóvenes españoles mayores de 26 años que no han accedido a primer empleo.

A juicio de CCOO se trata pues de una limitación de los derechos y libertades no sólo de los extranjeros sino también de los españoles, en el marco del ataque global que el gobierno del PP hace contra el modelo de estado social que reconoce nuestra Constitución, y denuncia el intento de manipulación al pretender confundir el "turismo sanitario" con la restricción del acceso a la sanidad de todas las personas: si bien desde hace años en el seno de la UE, existen mecanismos a fin de evitar el hecho de que ciudadanos de la UE se desplacen a otro estado miembro para de recibir prestaciones sanitarias que su estado no ofrece ("turismo sanitario"). Esto no tiene nada que ver con modificar -restringiéndolo- el acceso a la salud de todas las personas que viven efectivamente en España.

Es precisamente la falta de control de los sucesivos gobiernos y la no aplicación de los mecanismos comunitarios previstos, la que ha generado la no recuperación de los 1000 millones de euros en que se evalúa el denominado "turismo sanitario" de los ciudadanos comunitarios. CCOO recuerda que hasta el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en España en situación irregular: esa carencia provocaba situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios. Finalmente, la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció dicho derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y -finalmente- a los extranjeros empadronados. Desde entonces esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas.

CCOO señala que en las sucesivas modificaciones del marco jurídico de extranjería adoptadas tras la ley del año 2000 -las leyes 8/2000, 11/2003 y 14/2003 bajo gobiernos del PP y la ley 2/2009 bajo gobierno del PSOE- ninguna ha modificado el régimen de acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular. Así el fenómeno de la irregularidad no cabe vincularlo sólo a los extranjeros, puesto que debe vincularse a la economía sumergida, donde cohabitan empresarios igualmente irregulares que ofrecen empleos no declarados que -obviamente- no respetan condiciones laborales ni salariales, junto con defraudadores de impuestos, delincuentes, etc., etc.

Para CCOO la reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario y normas de desarrollo sobre prestaciones sanitarias por la vía del decreto ley viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas

Recuerda CCOO que -como aviso para navegantes- que ya en 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal en España: a mayor abundamiento la Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 declaró inconstitucional precisamente la Ley Orgánica 8/2000 de extranjería, dictada en uso de su mayoría absoluta por un Gobierno del PP cuando intentaba restringir los derechos humanos sólo para los españoles y para los extranjeros en situación regular. Y remarca que la irregularidad no es la nota que ha de caracterizar nuestro modelo migratorio: en todo caso, el extranjero en situación irregular también es un productor indirecto por la vía de su trabajo sumergido que -si bien no cotiza - sí consume (alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte, etc) y tributa indirectamente (IVA, impuestos especiales, tasas., etc.)

Por último, CCOO quiere resaltar la NORMALIDAD del proceso migratorio en España donde según fuentes oficiales viven casi seis millones de extranjeros -en su inmensa mayoría desde hace más de cinco años y ya casi todos ellos de manera regular y legalmente- y sufriendo las mismas carencias laborales y asistenciales que el resto de población española, por lo que llama a la responsabilidad del Gobierno para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.

Valencia aplicará el tipo máximo de copago si no se acredita el nivel de renta

La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana cobrará desde el próximo 1 de julio las recetas farmacéuticas en función de la renta, tal como estipuló el decreto de recortes sanitarios del Gobierno. No obstante, cuando no pueda determinar el régimen de aportación farmacéutica, los trabajadores activos deberán pagar un 60% y los pensionistas un 10%; es decir, el tipo máximo de copago fijado en la normativa.
Así consta en una resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios sobre instrucciones para la aplicación del decreto del 20 de abril de medidas urgentes del Gobierno de Rajoy, que establece que los trabajadores activos deben aportar el 60% del coste farmacéutico si su renta es superior a los 100.000 euros, el 50% si es superior a 18.000 y el 40% si es inferior a 18.000, mientras que los pensionistas pagarán el 10% si cobran menos de 100.000 euros y el 60% los que superen esta cifra, con topes mensuales de 60, 18 y ocho euros.
La resolución del Gobierno valenciano señala que cuando no sea posible conocer el régimen de aportación farmacéutica se aplicará por defecto un 10% para los pensionistas y un 60% para los activos.
El texto también incluye una lista de "infracciones", algunas tipificadas como "graves", como el hecho de que las oficinas de farmacia incumplan las exigencias que implica la facturación al Sistema Nacional de Salud o defraudar al sistema o al beneficiario. Además, hay "infracciones leves", como es el caso de no cumplimentar correctamente los datos y advertencias que deben contener las recetas normalizadas.

El PP impedirá la regularización de inmigrantes por arraigo social

Los inmigrantes que llevan tres años viviendo en España tienen opción a regularizar su situación. Con el PP en el poder, no podrán hacerlo si su situación en el país era ilegal, por más que, como permite ahora la ley, puedan acreditar su arraigo social, tras residir tres años, y tengan un contrato de trabajo en el momento de solicitar legalizar su estancia.
El portavoz del PP en temas de inmigración, Rafael Hernando, concretó ayer algunas de las medidas que tiene pensado aprobar su partido cuando se forme el nuevo Gobierno, mediante la reforma de los artículos 123 a 130 del Reglamento, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. "El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional", afirma Hernando. "Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver". Solo en algunos casos "muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos", se mantendrá esta posibilidad.
Al arraigo social se accede básicamente tras permanecer irregular tres años en España y acreditar que se ha logrado un empleo por al menos un año, y al laboral, si se llevan dos años de forma ilegal y se demuestra que se lleva uno trabajando. Desde 2006, la cantidad de personas que han logrado la permanencia por arraigo social o laboral (aunque el segundo es muy minoritario) se fue incrementando de forma considerable (7.427, ese año; 30.231, en 2007; 66.200, en 2008, y 82.300, en 2009), hasta que empezó a hacer mella la crisis económica. El pasado año bajaron a 65.676 y este van, a 30 de junio, 70.684.
Como factores, a la crisis se une la reducción del número de personas irregulares que llegan a España debido, según los socialistas, a las medidas adoptadas por el Gobierno, "como la obligación de entrar con un contrato de trabajo, los acuerdos con los países de origen de inmigrantes y la bajada del número de llegadas en patera hasta alrededor de un centenar de personas al año", según resaltan fuentes del Ejecutivo.
En cambio, los populares, aunque reconocen la reducción de la irregularidad, consideran que "medidas como el arraigo, la regularización de 2005 o la reagrupación familiar han favorecido la llegada de ilegales", resalta Hernando. "No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país", añade.

Interior lanza un plan para la reinserción de presos terroristas

http://www.youtube.com/watch?v=phD2orNMFlI

Interior lanza un plan para la reinserción de presos terroristas y su posible acercamiento

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un programa integral dirigido a presos por delitos de terrorismo vinculados no sólo a ETA, sino también a los GRAPO y los grupos yihadistas e incluso al crimen organizado, para facilitar su reinserción y evitar su radicalización en las cárceles.
Fuentes penitenciarias han informado de que el programa,que nace de la llamada 'vía Nanclares' pero que es "mucho más ambicioso", consiste en una serie de iniciativas orientadas a que los terroristas y miembros de organizaciones criminales conozcan la realidad social y reflexionen sobre su pasado con el objetivo de que vayan dando pasos hacia su integración en la sociedad democrática.
Los internos que se incorporen al programa participarán en"aulas" dirigidas a su educación en valores de convivencia, tendrán acceso a formación para facilitar su inserción en la vida laboral cuando recuperen la libertad y podrán incluso ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios, aunque las fuentes consultadas han subrayado que no habrá "acercamientos automáticos".
La incorporación a este plan integral será voluntaria y para ello será preciso haber condenado previamente la violencia por la que el preso fue condenado y haberse desvinculado de su pasado criminal.
Muchas cárceles españolas ya cuentan con talleres de reinserción para los presos, a los que los miembros de ETA y los GRAPO no suelen acudir, al considerar estas actividades al propio de presos comunes, han advertido las mismas fuentes.
En cambio la participación en este tipo de iniciativas es mayor entre los presos islamistas. Ahora con este plan integral el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz pretende unificar los trabajos en todas las prisiones para la preparación de los internos de cara a una futura reinserción, mediante aulas de trabajo o el acceso a formación.
Actualmente, en las cárceles españolas hay más de 500 presos de ETA mientras que los presos de los GRAPO rondan la treintena. Alrededor de 50 es la cifra de presos islamistas y algo menos de 400 los presos relacionados con delincuencia organizada.

Talleres de Nanclares
Ya durante la pasada legislatura, la cárcel de Nanclares de la Oca, en la que se agrupan a los presos de ETA que han roto de manera definitiva con la organización criminal ,se celebraron talleres en los que participaron los propios terroristas con víctimas y representantes de la sociedad civil vasca.

Desde Instituciones Penitenciarias, su secretario general Angel, Yuste, ya anunció que no estaba entre sus prioridades recuperar estos trabajos de lo que se denomina Justicia restaurativa, más propio de los países anglosajones.

PREPARA SENADO UNA LEY CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN LAS ESCUELAS

Propone incorporar a los programas de educación criterios de integración social con base en la igualdad, el respeto de la diversidad, tolerancia e interculturalidad.

 

 

Aula de escuela pública en Acapaulco, Guerrero.

El Senado alista una ley que busca combatir el racismo y la xenofobia en instituciones de educación de todo el país.
Senadores del PRD impulsan una reforma a la Ley General de Educación que establece incorporar a los programas de educación criterios de integración social con base en la igualdad, el respeto de la diversidad, tolerancia e interculturalidad.
El proyecto de ley plantea implementar políticas de Estado orientadas a establecer los mismos criterios en los tres órdenes de gobierno en materia de educación, a fin de contribuir a la cohesión social. “Necesitamos optar decididamente por la educación intercultural como el enfoque pedagógico que permite atender la realidad multicultural de nuestra sociedad y, por consiguiente, de nuestras aulas, haciendo especial hincapié en sus aportaciones con respecto a la adquisición de las competencias sociales necesarias para convivir y relacionarnos”, dijo el senador chiapaneco Rubén Velázquez.
Argumentó que actualmente uno de los temas de mayor importancia en el mundo es el fenómeno migratorio, el cual a menudo provoca en las sociedades de países del llamado primer mundo, actitudes de discriminación y odio a las minorías. “Estas deben ser combatidas con la educación, con valores de respeto, tolerancia activa y solidaridad”, aseguró.
Consideró que las escuelas públicas deben hacer suya la cultura de la diversidad y abrir espacios para la participación real y efectiva de las culturas minoritarias en la toma de decisiones, para la expresión y el intercambio cultural, de manera que contribuya efectivamente al desarrollo de una sociedad más humana, democrática, justa y solidaria.
Comentó que en muchos casos los educandos de origen migrante viven en una situación social desfavorecida, y que para erradicar este problema es necesario favorecer el diálogo con las familias de culturas minoritarias, atender las actitudes discriminatorias y resolver, mediante el diálogo, los conflictos derivados de la diversidad cultural.
Apuntó que se propone fomentar el diálogo y el encuentro entre las diferentes culturas para generar condiciones de igualdad y reciprocidad en aras de que prevalezca la convivencia y cohesión social.
Indicó que para lograr que el estudiante de origen migrante vea que tiene cabida en la escuela, y por tanto darle aprecio a su lengua y cultura, es fundamental incluir en los planes de estudio contenidos referidos a otras culturas; utilizar elementos distintos en las actividades didácticas o realizarlas en grupos culturalmente heterogéneos.

POLITICA SOCIAL Y FAMILIA

El proceso que cruza el análisis del mundo de hoy, se llama globalización, y constituye una creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial, sobre aquellos de carácter nacional o regional.

Los países de la región han tenido que ceñir sus estrategias de desarrollo, a las exigencias que impone una economía de mercado globalizado.

Que impone nuevas fuentes de inestabilidad, tanto comercial como financiera, y serios riesgos de exclusión para aquellos países y sectores sociales no adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad propias del mundo de hoy.

Muchos de estos riesgos están asociados a dos características preocupantes de la globalización incompleta de nuestros mercados, que junto a la movilidad de los capitales, de los bienes y servicios, además, coexiste con fuertes restricciones a la libre movilidad de mano de obra.

Asimismo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad han sido frustrantes durante la última década. Por lo que la región ha debido enfrentar situaciones de inequidad social y empobrecimiento creciente que se rehusan a desaparecer.

En este escenario, las urgencias del entorno sociopolítico caracterizado por el fenómeno de la globalización de la economía, las relaciones sociales, políticas, culturales y simbólicas también se han transformado.

Los propósitos de la política por tanto, han desarrollado una idea del desarrollo con apellidos, humano, sostenible, equitativo, etc. Que con sutiles distinciones, reclaman la urgencia de un enfoque que trascienda el cálculo macroeconómico.

Los actores de la política también, comienzan a redefinirse, en el marco de la globalización, adquiriendo nuevos perfiles, ante el debilitamiento del tejido social que los ampara.

La noción de globalización aludida corresponde a la enunciada por Przeworski, (1995) que plantea, "patrón de procesos de modernización vía internalización

( y/o globalización) se refieren al estímulo de la democracia liberal, la cultura orientada al consumo y el capitalismo".

Que por tratarse de un proceso esencialmente competitivo, contribuye a fortalecer las disparidades regionales, sectoriales y sociales dentro y entre los estados nacionales.

Consecuentemente, el proceso de globalización induce cambios socialmente conflictivos y ello genera voluntad de transformación tanto como de resistencia social.

De hecho los fenómenos de globalización que ocurren en nuestros países latinoamericanos conducen a percibir nuevas formas de vulnerabilidad. Dada la naturaleza de los cambios:

• transformación del mercado del trabajo, repliegue en la acción del Estado, nuevas formas de acceso a los servicios públicos, deterioro de la estructura tradicional del tejido social, de mercantilización de los servicios públicos, privatización de las empresas y servicios del Estado, dificultades en la pequeña y mediana empresa.

Son expresiones de vulnerabilidad que afectan a personas, familias y comunidades que están siendo afectadas por los actuales procesos de cambio que generan un creciente sentimiento de inseguridad, indefensión y riesgo que afecta la mayoría de la población latinoamericana. (CEPAL, 2000)

La vulnerabilidad social, pareciera ser un rasgo característico de la sociedad a comienzos del siglo XXI, dada la precariedad de los empleos, con mayores porcentajes de empleo no permanente, sin contrato y sin seguridad social.

Ya que la falta de éste o su mala calidad es el vínculo más claro entre vulnerabilidad y pobreza, debido a que los ingresos del trabajo son la principal fuente para la subsistencia de los hogares en los estratos medios y bajos.

La precariedad del empleo se incrementó durante la última década, junto con la proporción de ocupados en los sectores informales o de baja productividad.

El aumento de la flexibilidad de los mercados de trabajo profundizó la inestabilidad laboral que significó, además una disminución en el acceso a seguridad social. Los desplazados se debaten entre el desempleo abierto o la inserción en sectores de baja productividad.

Otro factor asociado a una mayor vulnerabilidad social se encuentra en el terreno de las prestaciones de servicios sociales, especialmente en educación, salud, y previsión, pese al aumento del gasto social en los 90. La focalización de las políticas sociales, ha implicado que muchos hogares hayan tenido que pagar directamente el costo de dichos servicios, además de enfrentar la crisis ocupacional y la caída de sus ingresos.

En este contexto aumenta la sensación de inseguridad, así como el debilitamiento de las formas tradicionales de organización y participación social, alterando los hábitos colectivos a favor de un comportamiento cada vez más individualista y atomizado.

Donde las personas enfrentan su participación en el mercado cada vez más aisladas, con menores grados de protección y en consecuencia con mayor grado de vulnerabilidad de amplias capas de la población que dificulta la superación de la pobreza.

Siendo éstos últimos, los grupos mayormente afectados por los actuales procesos de cambio, y cuyas situaciones de vida resultan cada vez más vulnerables. Como lo demuestran los indicadores sociales relacionados con la distribución del ingreso y la riqueza, que dejan en evidencia, la enorme desigualdad social de grandes sectores de la población latinoamericana.

Estamos hablando de casi un promedio de 36% de población en A. L. bajo la línea de la pobreza, sólo en el área urbana y bien sabemos que la intensidad y magnitud se acrecienta en las zonas rurales. (FLACSO, 2000)

Los indicadores de pobreza y empleo se presentan con variaciones más bien regresivas durante la década de los noventa. En la medida que las limitaciones económicas se acentúan se tiende a observar también, situaciones de exclusión social.

La pobreza con sus manifestaciones de bajos ingresos y de carencias en la satisfacción de necesidades, constituye la forma extrema de exclusión de personas y familias de los procesos productivos, de la integración social y del acceso a las oportunidades. Es una de las consecuencias más perversas de un modelo de desarrollo cuyos frutos se distribuyen de manera inequitativa. (Arriagada, 1997)

El nuevo modelo de desarrollo concebido como la única alternativa posible de ajuste de las economías latinoamericanas al modelo internacional globalizado, impone un rol del Estado restringido, en cuanto acción y destinación de gasto social que trae consigo drásticas repercusiones en los estratos más pobres de la población.

En el plano del diseño de las políticas sociales recientes, dichos mecanismos de acceso de oportunidades, persiguen más bien corregir una desigual distribución de ingresos, buscando equilibrar las excluyentes condiciones socioeconómicas en que funciona el modelo económico neoliberal.

Asimismo, ha buscado enfrentar aspectos contradictorios de justicia social, paliando ciertos efectos de la cuestión social generados por el mismo sistema implementado por el Estado, que busca su inserción en el nuevo modelo internacional globalizado que se sustenta como única alternativa de desarrollo posible.

La política social en su naturaleza se aprecia contradictoria, ya que aspira, hacia una situación de bienestar colectivo, eliminando diferencias sociales entre los diversos grupos humanos, así como, paliar y atenuar los efectos indeseables de un estilo de desarrollo desigual. Además, actúa como mecanismo reproductor de dominio y poder del Estado, interesado en lograr como objetivo último cohesión social.

El planteamiento clásico de políticas sociales, tiene como ente rector, la figura del Estado, como encargado de su diseño y aplicación, en un entorno como en el que vivimos, de globalización. Una política social focalizada, fuertemente vinculadas no solo a las necesidad y requerimientos de una población en particular, sino que también a la situación contextual, en su forma de articulación con otros Estado nacionales de la región, la coyuntura internacional, las condiciones políticas imperantes y los niveles de organización, participación y movilización social alcanzados por su población. (Evangelista, 1997)

La fuerza del contexto sobre los estados latinoamericanos, ha implicado una pérdida sostenida de independencia y autonomía, donde el contexto de globalización ha impuesto pautas que dan sentido a políticas sociales, de ajuste

supra-estatal, unilaterales, selectivas, residuales, regresivas y asistencialistas. (Evangelista, 1997)

Y que desde una perspectiva marcadamente individualista, se encuentran diseñada para los individuos en función de problemas individuales, cuando la realidad social nos confronta cotidianamente, con la necesidad de integración de políticas económicas y sociales, capaces de ampliar del foco de manera de considerar al individuo en un contexto familiar y a la familia en su contexto social.

Por cuanto, es justamente el grupo social que asume el peso mayor de los cambios sociales, económicos, culturales y políticos. Al ocupar una difícil posición intermedia entre los individuos y la sociedad, debiendo cumplir con sus políticas, transmitiendo sus valores y normas, además de responder a los requerimientos de los sujetos que la integran.

Dada esta ubicación de la familia, prácticamente todo tipo de decisión del Estado, tendrá efectos en la vida familiar, de manera implícita el resultado de una norma política, o proyecto social tendrá algún nivel de impacto familiar.

Es así como el plano de lo económico por ej., a través del mercado laboral, nivel de ingresos, seguridad social, sistema de precios, bienes que se producen y consumen, revisten una importancia vital para la vida familiar. Ya sea como unidad productiva y/o unidad de consumo en la estructura económica de la sociedad.

Lo dicho anteriormente, influye más determinantemente aún, según sea el nivel de estratificación social del grupo familiar, si bien todas comparten la naturaleza de los vínculos que las unen, el ciclo vital de desarrollo y los problemas inherentes a cada etapa de formación familiar, los procesos vividos y las experiencias de vida son cualitativamente diferentes en una familia de clase media, de nivel superior a una ubicada bajo la línea de la pobreza.

Efectivamente, los cambios económicos, sociales, políticos, culturales y simbólicos no afectan de igual forma a todas las familias, definitivamente, las familias pobres son las que presentan un mayor grado de vulnerabilidad, sin embargo no son las únicas que requieren soportes de apoyo.

Si bien el aumento de la pobreza ha desarrollado un conjunto de programas sociales, destinados a paliar sus efectos, han sido implementadas en función de los individuos y no de las familias como un todo. Ya que el contexto de vida familiar como un espacio vital en la existencia de las personas, ha sido ignorada y no suficientemente considerada por los planificadores.

Una mirada ecosistémica que permitiera "ver" la relación del individuo en función del contexto de familia al cual pertenece, así como a ésta como parte de una comunidad más amplia, en el barrio, la comuna, la ciudad, inserta en ámbitos interconectados de salud, educación, trabajo, arte, es decir, en una compleja red de interacciones, que conectadas entre sí construyen la realidad social y colectiva.

A partir de lo anterior es necesario reconocer la estructura y dinámica interna de los subsistemas familiares y sus procesos básicos, así como sus relaciones con el suprasistema de sociedad y las condicionantes que la afectan, especialmente con los sistemas económico, político, educacional, de salud, etc.

Desde un enfoque familiar, la política social puede llegar a construir mecanismos mediante el cual, la familia pueda desempeñar sus funciones y a tareas, pudiendo responder con mayores soportes a las demandas y exigencias del medio que le rodea y del cual forma un todo integrado.

Una política social enfocada hacia la familia debe considerar factores cualitativos de índole sociocultural, de manera de revelar la importancia de la familia en el contexto de la planificación social. A fin de contribuir con un enfoque integrador de políticas sociales basadas en la equidad como principio rector.

Se hace necesaria una reorientación de los patrones de desarrollo de la región en torno a un eje principal de equidad, es decir, la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. Es la vara fundamental para medir la calidad del desarrollo. Con un sino más integrador en términos sociales y sostenible en términos ambientales.

La búsqueda de mayor equidad requiere que la sociedad desarrolle sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad de vida en aquellos aspectos que las propias sociedades consideran de valor social, y que permiten que todos los ciudadanos sean partícipes de los beneficios y actores del desarrollo.

Buscar y estimular, promover y ejecutar la plena participación, el fortalecimiento, el protagonismo, la comunicación la capacidad innovadora y creativa de la sociedad civil en un espectro de trabajo interdisciplinario, se pueden vislumbrar respuestas a situaciones sociales agudas con las que cotidianamente convivimos en a.l cúmulo de problemáticas que envuelven al complejo y contradictorio mundo de comienzo de siglo en que vivimos.